Con un letrero que dice ‘Las Vegas’ iluminando la entrada del polémico poblado, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha hecho eco de su firme postura este lunes. El mensaje es claro: el Ajuntament no permitirá que el nuevo Son Banya siga en pie. En lo que respecta a las infracciones urbanísticas, Martínez no se anda con rodeos. «Si fuera por mi voluntad, ya habrían ido la semana pasada los bulldozers a eliminar absolutamente todas estas infracciones», afirmó con contundencia.
La lucha administrativa y la realidad del narcotráfico
Sin embargo, detrás de esas palabras hay una dura realidad administrativa. Aunque el deseo está ahí, la burocracia juega en contra. Según el alcalde, «contra los delincuentes lo que utiliza es normativa y leyes», y eso implica trámites que muchas veces son lentos e ineficaces. A pesar de todo, ya se han iniciado procesos de inspección y sanción tras recibir avisos de la Policía Nacional sobre las obras ilegales en Son Banya.
No obstante, el problema va más allá: el narcotráfico se ha convertido en una sombra persistente. Ocho clanes controlan la venta masiva de drogas mientras decoran su territorio con luces LED brillantes y una pista hormigonada que invita a los compradores a entrar sin problemas. Y aunque varios constructores fueron sondeados para colaborar con ellos, muchos se negaron ante la magnitud del encargo.
A lo largo del verano pasado, el Ajuntament tuvo que actuar para desmantelar fortificaciones improvisadas por los residentes. Chatarra y coches quemados parecían ser parte del paisaje habitual mientras los narcos continuaban instalando focos para mantener sus operaciones.
Aún así, hay un aspecto social que no puede olvidarse: la situación de las familias vulnerables en el poblado sigue siendo una asignatura pendiente. A principios de año, el Ajuntament prorrogó un contrato para realizar derribos debido al notable retraso en los desalojos judiciales. Hasta ahora solo se ha conseguido adjudicar aproximadamente un 29 % del contrato.
Mientras tanto, poco a poco van llegando viviendas para reubicar a los afectados; pero aquí viene el gran dilema: no pueden demolerse las estructuras casa por casa cuando aún queda tanto por hacer. Y todo esto ocurre mientras quien fuera su principal interlocutor con el Ajuntament permanece tras las rejas: Carlos Cortés ‘El Charly’, presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Baleares (Fagib). La historia continúa desarrollándose y nosotros seguimos esperando respuestas.