En el corazón de Palma, un grupo de caravanistas ha decidido que ya es hora de actuar. Esta semana, se plantaron en el Congreso junto a Podemos Palma para mostrar su rechazo ante una nueva ordenanza cívica que les está poniendo las cosas difíciles. «Nuestro objetivo es claro: queremos llegar a Bruselas», anunciaron con determinación. La situación no es trivial; según ellos, el Ajuntament está vulnerando derechos fundamentales como el empadronamiento y la posibilidad de vivir y aparcar sus autocaravanas en la vía pública.
La lucha continúa
Javier González, portavoz del colectivo, compartió ayer que están manteniendo conversaciones con la defensora de la ciudadanía y tienen la vista puesta en hablar con la Delegación del Gobierno. «Esto ya ha pasado a ser un asunto nacional», subrayó. Y no se detienen ahí: han convocado una reunión el 13 de marzo en el Parc de las Estacions y en el Bar Cristal para recoger firmas contra esta normativa tan restrictiva. Tienen hasta el 24 de marzo para presentar sus alegaciones.
No obstante, Enrique Cobos, quien vive en Son Hugo, destacó que cuentan con el apoyo incondicional de los trabajadores del polideportivo cercano. «Nos ayudamos entre todos; vigilamos para que no haya botellón ni suciedad en nuestro aparcamiento», afirmó orgulloso. Pero no todo es tranquilidad; los portavoces del colectivo han señalado que la Policía Local se ha acercado a sus asentamientos acompañados por una trabajadora social bajo el pretexto de elaborar un censo. Sin embargo, hay una inquietud palpable: ¿realmente buscan censarlos o simplemente controlarlos?