Recientemente, se ha puesto en evidencia que existen alrededor de 7.000 pisos turísticos ilegales en las Islas Baleares, lo que ha despertado una gran preocupación entre las autoridades locales y la comunidad en general. Este fenómeno no solo afecta a la sostenibilidad del turismo en la región, sino que también plantea desafíos significativos para el alquiler residencial y la calidad de vida de los habitantes locales.
Impacto en el mercado residencial
La proliferación de estos alojamientos no regulados ha llevado a un encarecimiento de los precios de la vivienda para los residentes de la isla. En muchas áreas, los alquileres han aumentado de manera desproporcionada debido a la alta demanda generada por el turismo. Esto ha sucedido en paralelo a un incremento en la gastos turísticos, que ha crecido un 12,3% hasta noviembre, superando los 22.000 millones de euros en 2025.
Las agencias de alquiler turístico, que operan sin licencia, continúan incrementando su presencia y, mediante anuncios en plataformas digitales, a menudo eluden las regulaciones que tienen por objetivo proteger el mercado de vivienda convencional. Esta situación ha llevado a que muchos residentes expresen su frustración ante la incapacidad de las autoridades para controlar el flujo de apartamentos que deberían estar destinados a la población local.
Además, la Plataforma contra los Megacreuers ha alertado sobre la llegada de más de 541 embarcaciones que traeran consigo alrededor de 1,8 millones de turistas a Palma en 2025, lo que agrava aún más la presión sobre el espacio habitacional disponible para los isleños.
Ante este escenario, varias organizaciones han hecho un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades locales para que implementen medidas efectivas que regulen los alquileres turísticos y garanticen el acceso a la vivienda para los residentes. Se espera que en el futuro cercano se lleven a cabo reuniones para discutir una posible estrategia que aborde esta problemática, una de las más acuciantes para la comunidad balear en la actualidad.
En resumen, la identificación de estos 7.000 pisos turísticos ilegales es un paso crucial hacia la formalización del sector turístico y la protección de los derechos de los habitantes de las Baleares. Será fundamental seguir de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos en este ámbito y si se logran los cambios necesarios que beneficien a todos los implicados.