Palma

El alcalde de Palma en el ojo del huracán: presiones para desalojar la acampada de Plaza España

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Este pasado domingo, la acampada de Plaza España se desmanteló, pero no sin antes generar un fuerte revuelo. El PSOE Palma ha alzado la voz denunciando que el alcalde, Jaime Martínez, presionó a la Policía Local para que desalojara a los acampados. ¿La razón? A pesar de que sabían que no tenían competencias para hacerlo, se empeñaron en ejecutar una orden que, según dicen, vulnera un derecho fundamental: el derecho a reunión.

Las voces críticas resuenan

Francesc Dalmau, portavoz socialista en el Ayuntamiento, explicó con claridad: “La Policía Local se negó a actuar porque conocen muy bien que esta orden es ilegal”. Desde noviembre del año pasado han estado denunciando este tipo de abusos y recordando que ninguna norma municipal puede estar por encima de nuestros derechos constitucionales. Por eso mismo han solicitado formalmente acceso a todos los documentos relacionados con el desalojo del 4 de noviembre. Quieren saber quién dictó esa orden y qué informes justificaron esa intervención tan cuestionable.

Dalmau fue contundente al afirmar: “Dicen que hay informes sobre esto, pero no aparecen”. Esto llevó a la Policía a hacer frente al alcalde y decidir no seguir sus órdenes. Según él, “la policía debe servir al interés público y no convertirse en un brazo político al servicio del PP”. Es evidente que hay una creciente frustración entre los ciudadanos hacia un alcalde autoritario que parece ignorar sus derechos mientras se muestra blando con los poderosos.

Pero no solo el PSOE está inquieto; Podemos también ha pedido explicaciones. Quieren saber qué papel jugó Llorenç Bauzá, regidor de Seguridad Ciudadana, en todo este asunto. Se plantean preguntas importantes como si su dimisión tiene alguna relación con este controvertido desalojo y si hubo discrepancias internas entre los responsables políticos y técnicos.

En medio de todo esto, Bauzá anunció que el Ajuntament había interpuesto un contencioso administrativo contra la Delegación del Gobierno por lo que consideran una “vulneración de lealtad institucional”. Un conflicto más dentro de una historia llena de tensiones políticas donde los derechos ciudadanos parecen quedar relegados ante decisiones arbitrarias.

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