La Acampada por la Vivienda en la Plaza de España ha sido desmantelada, pero el eco de esta protesta aún resuena. Més per Mallorca no se queda de brazos cruzados y ha decidido llevar el caso a la Fiscalía de las Islas Baleares tras el desalojo llevado a cabo el 4 de noviembre por la Policía Local de Palma. Este movimiento no es casual; quieren que se investigue si el gobierno del PP, liderado por Jaime Martínez, se saltó las normas para acabar con una manifestación pacífica que defendía un derecho fundamental: el derecho a reunirse.
Un acto que no puede quedar impune
Lluís Apesteguia, coordinador general de Més per Mallorca, lo tiene claro: «El desalojo plantea posibles delitos contra el derecho de reunión, coacciones y vulneración de derechos cívicos». Y es que nadie está por encima de la ley. Así lo ha subrayado David Pujol, candidato a la alcaldía por Més per Palma: «Si Martínez utilizó la Policía Local para frenar una protesta legítima, tendrá que rendir cuentas».
Los acampados habían establecido su campamento desde el 28 de septiembre y habían informado a la Delegación del Gobierno sobre su actividad. Sin embargo, según indican en su denuncia, no hubo ninguna resolución oficial para disolverla. La falta de notificación sobre un posible desalojo deja más preguntas que respuestas.
Més pide claridad total en torno a quién ordenó este operativo y qué marco legal lo respaldaba. Quieren saber si realmente había motivos suficientes para disolver esta concentración pacífica. Las comunicaciones entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno deben ser revisadas, así como cualquier documento relacionado con las órdenes policiales emitidas durante este proceso. No se pueden permitir acciones encubiertas bajo ordenanzas municipales que socavan garantías constitucionales.
Para Més, esto no es solo un tema administrativo; es una cuestión urgente relacionada con las prioridades políticas del alcalde mientras muchas familias siguen siendo desplazadas en Palma debido a la crisis residencial. «Martínez ha optado por alinearse con los especuladores», sostiene Pujol con indignación. «Pueden retirar las tiendas, pero el problema seguirá ahí. La vivienda es un derecho humano básico y debe ser garantizado», concluye rotundamente.