El pasado domingo, la plaza del Rossio se convirtió en un escenario de dolor y resistencia. Al menos 27 personas resultaron heridas tras una intervención policial que dejó claro que el derecho a la vivienda sigue siendo una lucha pendiente en Portugal. A medida que las fuerzas del orden, armadas con porras y acompañadas de perros, intentaban dispersar a quienes acampaban en defensa de este derecho básico, miles de ciudadanos se agruparon para alzar su voz contra lo que consideran un ataque frontal a la democracia.
Un eco de protesta resonando en las calles
Desde primeras horas del día, los hospitales locales comenzaron a recibir heridos: hasta 24 personas fueron atendidas en el Hospital de São José, mientras que tres más ingresaron con lesiones menores al Hospital de Santa Maria. La Policía de Seguridad Pública (PSP), por su parte, contabilizó los daños entre sus propias filas: un total de 27 manifestantes heridos tras las cargas indiscriminadas.
A pesar del miedo y la tensión vivida durante aquella madrugada, los ciudadanos no se dejaron amedrentar. En una muestra palpable de solidaridad y organización, regresaron al mismo lugar donde habían sido reprimidos. «Lo ocurrido es una vergüenza», afirmaba uno de los manifestantes mientras los ecos del pasado resonaban en sus palabras. «A cada golpe responderemos con más organización». Y así fue como empezaron a corear lemas históricos recordando la revolución del 25 de abril.
Aquella noche, el Rossio estaba lleno: familias enteras con bebés en brazos, jóvenes con pancartas y claveles rojos evocando tiempos pasados cuando lucharon contra una dictadura opresora. Las eurodiputadas Ana Catarina Mendes y Catarina Martins se sumaron al clamor popular denunciando la brutalidad policial como inaceptable e injustificable.
La diputada Isabel Mendes Lopes también hizo eco de esta indignación: «No vamos a dejar que nos silencien», proclamó ante una multitud unida por la causa común. Lo sucedido ese día no solo fue un enfrentamiento entre ciudadanos y autoridades; fue un recordatorio potente del poder colectivo cuando se trata de reclamar derechos fundamentales.