En la madrugada del 25 de octubre, las calles de Lisboa y Oporto se convirtieron en escenario de un desalojo que ha hecho temblar los cimientos del derecho a la protesta. La Confederación General de Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), el principal sindicato del país, no se ha quedado callado y ha lanzado una dura crítica al Gobierno. En sus palabras, lo ocurrido fue más que un simple desmantelamiento: lo han calificado como una acción represiva que nos deja sin aliento.
El sindicato denuncia que, en lugar de buscar soluciones a los problemas reales que enfrenta la población, se están tomando decisiones que limitan nuestras libertades fundamentales, sobre todo el derecho a manifestarnos. Esto es un claro ejemplo de cómo las leyes se interpretan ahora de manera tan restrictiva que parece que estamos retrocediendo medio siglo en derechos civiles.
Un grito por la vivienda
A medida que avanza la crisis habitacional, el desalojo solo refleja la angustia colectiva. La CGTP-IN recuerda cómo las movilizaciones alrededor del problema de la vivienda han crecido, especialmente entre jóvenes desesperados por acceder a un hogar digno. El mensaje es claro: cada vez más personas sienten cómo su derecho a tener un techo está siendo ignorado.
Y no son solo palabras vacías; decenas resultaron heridas en estos desalojos brutales. Este conflicto pone en evidencia una realidad alarmante: mientras algunos luchan por sobrevivir y defender sus derechos básicos, otros parecen estar cómodos ignorando estas necesidades urgentes. Así pues, el sindicato hace un llamado a todos nosotros para unir fuerzas y exigir cambios reales antes de que sea demasiado tarde.