En Bruselas, el 11 de septiembre, la Comisión Europea ha dejado claro que no descarta la posibilidad de emplear activos rusos congelados como una forma de financiar a Ucrania. Esto llega tras las insistencias de varios Estados miembro, incluyendo a España, que han instado en las últimas semanas a reabrir un debate que parecía cerrado en el Consejo Europeo del pasado diciembre. «Nunca hemos dicho que esta opción estuviera fuera de la mesa. Sigue siendo una herramienta disponible», comentó Paula Pinho, portavoz principal del Ejecutivo comunitario, durante una rueda de prensa.
El futuro incierto de la financiación
Sin embargo, Pinho también fue clara al señalar que no debemos hacernos muchas ilusiones sobre una propuesta inminente. La prioridad actual es cumplir con los compromisos existentes relacionados con el préstamo masivo de 90.000 millones destinado a Ucrania y luego evaluar si hay necesidades financieras adicionales antes de considerar herramientas concretas.
A este respecto, se ha confirmado que Bruselas está revisando una carta firmada por más de un centenar de eurodiputados donde se sugieren nuevas maneras para utilizar esos activos congelados. «Estamos analizando lo que se propone y si es el momento adecuado para avanzar», explicó Balazs Ujvar, portavoz comunitario en temas presupuestarios.
Estas declaraciones llegan después de que los gobiernos españoles, suecos, polacos y neerlandeses pidieran retomar el diálogo sobre cómo hacer un uso más efectivo de los activos rusos bloqueados para apoyar a Ucrania, especialmente ante la creciente necesidad financiera en Kiev. En su misiva conjunta dirigida a Kaja Kallas y otros líderes europeos, argumentaron que aunque el préstamo europeo representa un avance significativo, no será suficiente para cubrir todas las necesidades del país invadido.
La situación sigue siendo delicada y plantea muchos interrogantes sobre cómo equilibrar los intereses entre los Estados miembro y asegurar que nadie tenga que cargar con un peso desproporcionado. El uso previsto de estos activos fue una opción barajada anteriormente pero finalmente descartada debido al miedo entre algunos países miembros –sobre todo Bélgica– acerca del impacto negativo que podría acarrear su utilización.