En un rincón de Son Hugo, un grupo de caravanistas se ha reunido, cansados pero decididos a alzar la voz. Pep de las Heras, Javier González, Begoña Iglesias y otros tantos han decidido no quedarse callados ante lo que consideran una persecución por parte del Ayuntamiento de Cort. «Mercedes Celeste nos está echando de Baleares», afirma González con una mezcla de frustración y determinación.
La situación no es fácil; muchos de ellos se ven obligados a vivir en caravanas debido a la escasez de vivienda asequible. Los alquileres están por las nubes, y como bien dicen, son consecuencia de una crisis habitacional que el PP ha dejado sin resolver. Cuando la policía acude a realizar censos, aseguran que ni siquiera tienen el detalle de hacerlo con educación.
Derechos en juego y apoyo incondicional
Agradecen el respaldo recibido en su lucha, recordando cómo durante dos años lograron rechazar una ordenanza incívica que amenazaba su forma de vida. Pero la batalla no termina ahí; ahora están atentos a un juicio contra Cort del que creen saldrán derrotados nuevamente.
Begoña Iglesias también aporta su visión legal: “El Tribunal Constitucional ha ampliado el concepto de domicilio”, menciona, subrayando que lugares como caravanas o habitaciones deben ser considerados espacios donde se vive con intimidad. La contradicción del PP es palpable cuando hablan sobre su rechazo al turismo en caravanas. En medio del debate político, ella desafió a Jaime Martínez durante un pleno: si hay escasez de habitaciones para alquilar, ¿por qué no abre su casa a quien lo necesita?
Las historias son desgarradoras. Una caravanista comparte que cada vez más personas rechazan venir a trabajar a Baleares por el alto costo del alojamiento. Y aquí va otra triste realidad: aunque algunos reciben aumentos salariales, los alquileres siguen subiendo sin piedad. «¿De dónde voy a sacar 10.000 euros para entrar en un piso?», lamenta Duber mientras sus ojos reflejan desánimo.
No solo enfrentan dificultades económicas; Luis Gómez cuenta cómo le retiraron el padrón siendo técnico hotelero con un sueldo ridículo de 600 euros al mes. Sin vivienda fija no pueden acceder a muchos servicios esenciales. El clamor es claro: no hay suficientes viviendas sociales, y quienes quedan atrapados en esta red burocrática sienten cada día más la exclusión administrativa.