MADRID, 21 de mayo. El Gobierno de Israel ha tomado una decisión que ha generado una oleada de reacciones: ha anunciado la deportación de todos los activistas extranjeros que formaban parte de la última flotilla interceptada por su Armada en aguas internacionales del mar Mediterráneo. Entre ellos, se encuentran más de cuarenta ciudadanos españoles que intentaban llegar a las costas de Gaza, un sueño que ahora se ve truncado.
El Ministerio de Exteriores israelí no se ha andado con rodeos y, en un mensaje breve pero contundente publicado en redes sociales, afirmó: «Todos los activistas extranjeros de la flotilla de relaciones públicas han sido deportados de Israel». En su defensa del bloqueo naval a Gaza, añadieron que no permitirán ninguna violación del mismo.
La historia detrás del operativo
A primera hora del día, el grupo de abogados Adalah reveló que había recibido confirmación oficial sobre la liberación inminente de todos los detenidos, quienes estaban encerrados en el centro de detención Ktziot. La situación se complica aún más para una activista israelí que fue llevada ante un juez bajo acusaciones poco claras relacionadas con su entrada al país.
El ministro español José Manuel Albares explicó que estos ciudadanos podrían ser expulsados hacia Turquía, ya que Ankara ha confirmado el envío de aviones para facilitar las evacuaciones. Esto ocurre justo un día después de las condenas internacionales hacia Itamar Ben Gvir, el controvertido ministro israelí que humilló públicamente a los activistas en un video donde se le veía ondeando una bandera israelí mientras paseaba entre ellos esposados y arrodillados.
Dentro del contexto actual y las imágenes desgarradoras donde se mostraba a decenas arrodillados con la cabeza agachada y rodeados por agentes armados al son del himno israelí, es difícil no sentir indignación. Este trato despierta críticas incluso desde sectores dentro del propio Gobierno israelí. La pregunta queda abierta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del orden y la seguridad?