Este domingo, la historia dio un giro inesperado en Siria. Atef Nayib, quien fue el jefe de seguridad de Derá y primo del mismísimo Bashar Al Assad, se ha convertido en el primer alto funcionario del antiguo régimen en ser acusado formalmente por crímenes horrendos cometidos durante su mandato. La acusación no es poca cosa: se le señala por haber supervisado «asesinatos sistemáticos» y haber participado activamente en detenciones arbitrarias durante el levantamiento popular que sacudió la provincia en 2011, todo enmarcado dentro de esa tormenta conocida como la Primavera Árabe.
Un contexto trágico
Es vital recordar que el sistema legal sirio aún no reconoce oficialmente los crímenes de guerra o contra la humanidad. En aquellos días oscuros, el Ejército sirio desató una represión brutal contra los manifestantes; diez días de asedio sobre la ciudad llevaron a un desenlace trágico: 244 civiles, muchos niños entre ellos, fueron llevados a Damasco junto con soldados caídos, muchos de los cuales habían sido abatidos por negarse a disparar contra sus compatriotas.
Esa violenta respuesta del régimen se convirtió en uno de los principales catalizadores para lo que más tarde sería una guerra civil desgarradora. Y aunque hoy parece que las cosas han cambiado, aún queda camino por recorrer: un nuevo amanecer parece posible con la creación de una Comisión Nacional de Justicia Transicional dirigida por Abdul Basit Abdul Latif. Él mismo ha celebrado esta imputación y ha afirmado contundente que «los crímenes y violaciones graves contra los sirios jamás prescriben». Con cada paso hacia adelante, hay esperanza para un pueblo cansado que busca justicia.

