La historia de Sa Feixina, un monumento que ha sido foco de controversia, sigue escribiéndose en las calles de Palma. Recientemente, el Ajuntament decidió plantar cara a la resolución del Gobierno central que ordenaba su retirada, alegando que esto podría constituir un auténtico delito contra el patrimonio histórico.
Este recurso, presentado tras la resolución del 26 de marzo de 2026 por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, no es solo una cuestión administrativa. Se trata de defender algo más profundo: nuestra memoria colectiva. Desde el Consistorio argumentan que tal decisión va en contra de lo establecido por tribunales anteriores y puede ser vista como un claro ejemplo de prevaricación. Es decir, un desvío del poder que debería garantizar nuestro legado cultural.
Defendiendo lo que es nuestro
A lo largo de los años, Sa Feixina ha pasado por varias reinterpretaciones para adaptarse a la normativa vigente. En 2010 se eliminaron elementos considerados franquistas y se le dio un enfoque más democrático. Así lo dictó una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 en 2020, ratificada luego por el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears. Esto deja claro que Sa Feixina está protegido legalmente y no debe ser objeto ni de derribo ni traslado.
El alcalde Cort recuerda que nuestros tribunales ya han dictaminado sobre este bien inmueble con valor histórico y arquitectónico. Por tanto, destruirlo sería no solo un acto injustificable sino también arriesgar su integridad física. Además, el Ayuntamiento destaca que esta resolución estatal ignora las decisiones judiciales previas y podría tener consecuencias penales si se lleva a cabo sabiendo su injusticia.
No es solo el Ayuntamiento quien está alzando la voz; organizaciones como ARCA o la Real Academia de Historia también defienden la permanencia del monumento. Se están moviendo fichas en este tablero complicado donde las emociones chocan con decisiones burocráticas frías.
Por todo ello, el Ajuntament ha solicitado urgentemente la suspensión inmediata del cumplimiento de esta orden estatal porque saben que cualquier acción contraria podría provocar daños irreversibles a nuestro patrimonio arquitectónico. Con firmeza y determinación, están luchando para proteger lo que nos pertenece y recordarnos quiénes somos.